#AmnistíaParaEllas: las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas*
Corina Giacomello**
Alrededor del mundo, los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de mujeres y México no es una excepción: los delitos de drogas representan la primera causa de ingreso a prisión de mujeres por delitos federales y la segunda por el fuero común; en el primer supuesto predomina el delito de transporte y, en el segundo, el de posesión.
Tan solo entre 2014 y 2016, las mujeres que han ingresado a prisión en el sistema penitenciario estatal por delitos contra la salud han incrementado del 103.3 %.[1]
Los procesos de involucramiento de las mujeres en delitos de drogas, así como su criminalización, están profundamente entrelazados con los siguientes fenómenos:
a) La persistencia de relaciones de género asimétricas que permean la configuración de las organizaciones criminales – machistas y jerarquizadas – y el uso de las mujeres como sujetos desechables, básicamente “contenedores humanos” de drogas;
b) La feminización de la pobreza;
c) La violencia contra las mujeres –y la tolerancia e impunidad que frente a ella persiste, incluso en el sistema de justicia –;
d) La penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada como opciones de empleo ilegalfrente a un Estado a menudo incapaz de alcanzar a los estratos más excluidos de la sociedad; y
e) El impacto del actual marco de las políticas de drogas, específicamente el uso de la prisión preventiva y de penas desproporcionales que no toman en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos.
Las mujeres son criminalizadas en cuanto usuarias, transportistas y vendedoras al menudeo bajo un marco punitivo que requiere cambios urgentes; pero también son discriminadas por ser mujeres que franquean espacios públicos todavía dominados por lógicas y poderes machistas.
Atrás de las puertas de las cárceles de México se encierran historias de miles de mujeres que han sufrido violencia, que han vivido en la pobreza y que, por necesidad, como estrategia para enfrentar las adversidades que las han acompañado desde la infancia, se han involucrado directa o indirectamente –generalmente por conducto de la pareja– en actividades relacionadas con las drogas.
Mujeres indígenas, usuarias, víctimas de tortura, trans, extranjeras, madres, embarazadas, pobres, sin estudios, jóvenes, víctimas de violencia. Mujeres que fueron niñas abusadas y para las cuales nunca hubo una respuesta del Estado excepto para aprehenderlas, torturarlas, juzgarlas penal y moralmente y encerrarlas en cárceles del olvido bajo esquemas androcéntricos de humillación y repetidas violencias.
Todas ellas, cada una con su historia, sufren una triple condena:[2] i) por ser mujeres; ii) por estar privadas de la libertad; y iii) por haber sido acusadas de delitos relacionados con las drogas. Una pena que trasciende al entorno familiar y comunitario y genera miles de niñas y niños afectados por el encarcelamiento desproporcionado de sus padres y madres, víctimas del estigma que sale del espacio de la prisión para instalarse en sus vidas y sus posibilidades de desarrollo.[3]
¿Qué respuestas tendrá el próximo gobierno para ellas? Las palabras cuyo eco se repite desde hace meses son clave: pacificación y amnistía. Pero, ¿cómo y para qué? Sin duda, no como acciones aisladas de perdón, sino como trampolines prácticos, narrativos y simbólicos para un conjunto de medidas integrales que sólo pueden ser efectivas si desde su inicio incluyen los derechos de las niñas y de las mujeres y una plena incorporación de la perspectiva de género.
A continuación, se refiere una serie no exhaustiva de puntos que no pueden faltar en una nueva aproximación a la justicia, a las políticas de drogas, al sistema penitenciario y a la reinserción social:
- Una política criminal eficaz, que reemplace las tendencias de llenar las cárceles de sujetos menores del tráfico – generalmente detenidos en flagrancia o por denuncia anónima -;
- Traducir la retórica de “el problema de las drogas como un problema de salud” en acciones efectivas de prevención y tratamiento;
- Descriminalización efectiva de la posesión para uso personal de todas las drogas, reformando la Ley General de Salud;
- Regulación medicinal y recreativa de la marihuana, bajo el control estatal, pero con formas individuales y colectivas de cultivo y consumo;
- Legalización de los cultivos de amapola para fines médicos;
- Reducción de penas por delitos de drogas para todas las personas, con supuestos específicos para las mujeres;
- Eliminación de las penas mínimas obligatorias por delitos de drogas;
- Inclusión de parámetros de individualización de la pena que incorporen la perspectiva de género y el interés superior de la niñez en todas las fases del proceso y de la ejecución penal;
- Medidas alternativas sin excepción para mujeres embarazadas y personas, o, por lo menos, mujeres, únicas o principales cuidadoras de personas dependientes;
- Programas de incorporación social que acompañen de manera efectiva y eficaz a las personas que reciben una medida alternativa, así como aquéllas que son liberadas después de compurgar una pena;
- La aplicación efectiva, inmediata y retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal;
- La aplicación inmediata del transitorio X de la Ley Nacional de Ejecución Penal;
- La revisión de los actuales programas de justicia terapéutica y una suspensión de su implementación a nivel procesal hasta la incorporación de una nueva política de drogas;
- La ampliación de los supuestos de admisibilidad a los programas de justicia terapéutica bajo los supuestos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que deberán ser revisados a la luz de una nueva política de drogas;
- Legislar y operativizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad;
- Generar criterios firmes para una amnistía que alcance a las mujeres víctimas del Estado punitivo de manera expedita.
- Procesos participativos: Una política de drogas con perspectiva de género no se puede escribir ni pronunciar sin las mujeres criminalizadas; por ende, ninguna consulta, foro, iniciativa, diseño e implementación de políticas públicas podrá llamarse democrática e incluyente si su voz no es escuchada y tomada en cuenta.
Desde la sociedad civil, deseamos contribuir a tejer horizontes dignos en las políticas de drogas y el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las niñas y de las mujeres. Reconocemos que los retos son mayúsculos, pero urge un cambio de paradigma. Ahora que se están discutiendo temas de pacificación y justicia transicional, es vital voltear a ver a esta población y sumar a las mujeres a la discusión, incorporando de manera transversal la perspectiva de género y de interseccionalidad.
*Publicado en derechoenaccion.cide.edu
**Corina Giacomello. Equis: Justicia para las Mujeres, A.C.; Universidad Autónoma de Chiapas.
[1] EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C., Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes, 2017, http://equis.org.mx/project/politicas-de-drogas-genero-y-encarcelamiento-en-mexico-una-guia-para-politicas-publicas-incluyentes.
[2] Corina Giacomello, Género, drogas y prisión. Experiencias de mujeres privadas de la libertad en México, 2013, Ciudad de México: Tirant Lo Blanch,
[3] Church World Service, Gurises Unidos, Invisibles: ¿hasta cuándo? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe. Estudio de caso: Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Uruguay, 2013, http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Invisibles_hasta_cuando.pdf.
