«Ayotzinapa: lo que sigue»*
Ernesto Canales Santos
La PGR tiene que probar en juicio penal la versión histórica de los hechos que recientemente nos ha presentado.
Lo que dio a conocer Jesús Murillo Karam es resultado de la investigación realizada por la Procuraduría con motivo de la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que tendrá que ser sustento de múltiples denuncias penales, a ser procesadas y juzgadas ante jueces penales federales.
Falta que la PGR logre sentencias condenatorias en juicio por las imputaciones realizadas.
Las reglas que regulan los juicios orales son propicias para juzgar crímenes de alto impacto, por la credibilidad pública que genera el que las pruebas se presenten y contrasten en audiencias abiertas a la sociedad.
Casos de genocidio, terrorismo y crímenes horrendos, procesados en audiencias públicas, han generado en otros países un alto factor de confianza respecto al clamor ciudadano de justicia.
Actualmente en México, si bien ya aprobado en la Constitución y leyes secundarias, la implementación del Sistema de Juicios Orales no ha sido decretada para la justicia federal, y en este caso ni para Guerrero.
Entonces, ¿cómo conseguir para el caso Ayotzinapa los beneficios de credibilidad que permitan satisfacer la demanda social, nacional y extranjera de justicia?
El asunto de Ayotzinapa empieza procesalmente mal, pues por el dicho de la PGR los hechos constitutivos de delito parecen ser soportados sólo por pruebas testimoniales que, además de ser de la más baja jerarquía probatoria, han sido tachadas alegando su extracción mediante violencia.
¿Hubo o no tortura? Hagan sus apuestas: ¡la casa gana!
En un procedimiento oral, el Juez de Control hubiera dado oportunidad a que el Poder Judicial imprimiera certeza de que las actuaciones ministeriales en esta etapa de investigación se conformaran a derecho.
En el viejo procedimiento, la intervención judicial y la de víctimas y acusados es muy limitada: la investigación está cerrada a un círculo de Policías y Ministerios Públicos.
Con un inicio tan cuestionado, la única salida digna para la PGR es tratar las siguientes etapas del juicio de Ayotzinapa de acuerdo a las reglas de transparencia, contradicción, inmediatez, publicidad y libre valoración de pruebas que convenzan a la ciudadanía de que se está haciendo justicia pronta y expedita.
Esto implica no sólo un trabajo de parte de la PGR de alta disciplina y congruencia técnica, sino también política, en cuanto a la profundidad de la investigación que falta por realizar.
¿Continuar indagando respecto a la participación de las Policías Estatal, Federal y Militar en complicidad con los que ahora aparecen como acusados o dar carpetazo a la investigación? ¡Ésa es la pregunta!
Es una decisión de Estado: poner un hasta aquí a prácticas del pasado. Ventilar de manera ordenada los testimonios y peritajes, con preguntas, dudas y cuestionamientos de parte de todos los actores podría ser la manera más ejemplar de castigar culpables y mostrar un nuevo camino de hacer justicia. Podría servir también de catarsis nacional y empezar a enterrar nuestras pesadas culpas.
Es un gran paso de Murillo Karam dar a conocer las investigaciones, pero «¿y la Cheyenne, apá…?»: fincar responsabilidades y sostener acusaciones es la métrica que nos permitirá juzgar su actuación.
Será el escrutinio público el que determine si el Estado cumple con su responsabilidad de perseguir el crimen de los normalistas y, por tanto, si queda cerrado el expediente. Declaraciones oficiales solas no lo conseguirán.
El Gobierno de la República tiene la oportunidad de crear un nuevo futuro para el País y dejar la práctica negra.
No hacerlo, al menos no intentarlo, sería un crimen mayor que el de Ayotzinapa.
