Comunicado IJPP: ¡La justicia penal no es espectáculo!
México, Distrito Federal, a 15 de enero de 2016.
El Instituto de Justicia Procesal Penal, AC (IJPP), expresa su más enérgica protesta por la conducción de la política de comunicación del gobierno federal relacionada con la detención y privación de libertad de Joaquín Guzmán Loera, por espectacularizar y banalizar la justicia, produciendo una severa afectación a la convivencia democrática, las instituciones del Estado mexicano, la legalidad y los derechos humanos.
En el transcurrir de la última década el país se ha embarcado en una reforma de justicia penal y derechos humanos inédita, que está implicando un enorme esfuerzo colectivo y un alto costo a toda la sociedad.
En detrimento de este complejo proceso democratizador de la justicia, el gobierno federal, y señaladamente la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, han enfocado la comunicación institucional en la coyuntura actual relativa a Guzmán Loera en filtrar a los medios y periodistas información confidencial relevante al proceso penal —en el caso de las comunicaciones, asumiendo que la autoridad contaba con la orden judicial para intervenirlas— y por afectar los derechos a la dignidad, la privacidad, la confidencialidad y la protección de datos de dicha persona, así como de Kate del Castillo, al margen de los actos posiblemente constitutivos de delitos atribuidos.
La justicia penal no es espectáculo masivo: es uno de los mecanismos del Estado democrático de derecho para cumplir con sus responsabilidades frente a las personas, establecidas tanto en los tratados internacionales como en la Constitución y las leyes.
El Estado tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar bajo las reglas del debido proceso, igualdad y respeto a la dignidad humana, independientemente de quien sea la persona acusada. El divulgar la información personal debilita la credibilidad del sistema.
El respeto a los derechos al debido proceso y de personalidad es la mejor garantía que tenemos de cumplimiento de dichas responsabilidades por parte del Estado y de sus servidores públicos.
Al difundirse esa información protegida por la ley, desde tales instituciones no solo se afecta a una persona determinada, sino que se genera un precedente que puede ser utilizado contra cualquier otra persona, en cualquier momento, haciéndola víctima de una práctica de venganza pública de tradición medieval.
Con la conducción comunicacional mencionada el gobierno incumple de manera flagrante dichas obligaciones y las normas internacionales y nacionales que las establecen, lo cual constituye violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios responsables de dicha conducción comunicacional.
Adicionalmente, afecta el derecho a la información del público, al aportar —por vías formales e informales— información parcial, descontextualizada, sesgada y, en todo caso, inútil para valorar la capacidad del Estado para proveer justicia y sancionar por vías legales a las personas que cometen delitos. Más allá de sus intenciones, una acción así produce desinformación.
Exigimos al gobierno federal el cese inmediato de esta conducción comunicacional y actuar legalmente contra los funcionarios públicos responsables, quienes en este caso incurren en faltas de orden administrativo, civil y penal, y violaciones de derechos humanos que no deben quedar sin sanción.
Contacto:
Marco Lara Klahr
Programa de Medios y Justicia
marco.lara@presunciondeinocencia.org.mx
