¡Descárgalo ahora! «Libertad en comunidad», manual sobre redes de OSC para supervisar medidas cautelares
El Instituto de Justicia Procesal Penal, AC [IJPP] y el Fondo Canadá, ponen a tu disposición este útil manual para crear redes de organizaciones de la sociedad civil auxiliares en la supervisión de personas adolescentes que siguen un proceso penal bajo medidas cautelares en libertad o condiciones de suspensión a prueba.
Libertad en comunidad [IJPP/Fondo Canadá, 2016] aporta las pautas básicas para que las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso ―en el marco de implementación del sistema de justicia penal acusatorio― fomenten la creación e incorporen institucionalmente dichas redes conformadas por organizaciones con diversas especialidades.
Durante más de una década nuestro Instituto ha desarrollado un modelo de servicios previos al juicio y, en ese marco, promovido el funcionamiento de las UMECA como la opción más eficaz para racionalizar la aplicación de medidas cautelares, privilegiando aquellas en libertad.
Ahora la propuesta de vincular a las UMECA con redes de organizaciones civiles, mediante convenios, busca facilitar que las personas adolescentes a las que se les impusieron medidas cautelares en libertad o condiciones de suspensión del procedimiento a prueba, cumplan con ellas de manera cabal.
Lo anterior contribuirá a mejorar la confianza pública, en este caso, del sistema de justicia penal para adolescentes y privilegiar siempre que sea posible medidas cautelares alternativas a la privativa de libertad.
Nuestro manual parte de la convicción de que «la supervisión más eficaz es la que se realiza desde los espacios y recursos comunitarios», y las redes «propician formas de interacción y espacios sociales de convivencia y conectividad», que «aglutinan a personas con las mismas necesidades y problemáticas y permiten potenciar sus recursos y afrontar la solución de desafíos comunes».
Libertad en comunidad propone nueve pasos para la creación de dichas redes, que van desde la identificación y el mapeo de las organizaciones civiles con mejor perfil, hasta sesiones de sensibilización y capacitación a sus integrantes sobre los derechos de las personas que enfrentan procesos penales, el diseño de los protocolos de actuación y la agenda de reuniones de retroalimentación, fortalecimiento y evaluación general del proceso.
