Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México
Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, UNICEF, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, febrero 2016.
Hoy, en México, alrededor de 4 mil 500 adolescentes están privados de libertad sentenciados por delitos considerados graves. No es solo una cifra, sino un grupo social cuyas historias personales refieren factores que los indujeron a violar la ley penal y, en general, sus «condiciones, rasgos y necesidades», así como la capacidad del sistema de justicia para proveerles, o no, el derecho a la reinserción social.
Así lo revela el Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México [UNICEF/Secretaría de Gobernación, 2016], de Elena Azaola, que aporta una indispensable base documental para « la formulación de políticas públicas encaminadas a disminuir el daño y deterioro que provoca la privación de la libertad en el desarrollo y evolución de los adolescentes».
Parte de una encuesta aplicada a 278 adolescentes privados de libertad en los estados de Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, encontrando que el 47% de dijo haber abandonado su hogar «por varios días o meses» antes de ser detenid@s, principalmente por «violencia entre los padres, el descuido o abuso sexual».
En cuanto a su detención, el 75% refiere haber sido golpead@ por la policía y más del 50%, que no se le informaron sus derechos.
Como principal problema estructural, Azaola encontró que el sistema sigue funcionando bajo el antiguo modelo tutelar, «sin personal capacitado debidamente sobre el sistema integral especializado y sin una transformación estructural efectiva».
Este es el principal obstáculo del sistema de justicia de adolescentes para responder con eficacia a la prioridad del 68% de los jóvenes privados de libertad: reinsertarse en la sociedad de una forma que les permita «apoyar a su familia», «construir una familia propia», «tener una casa y un trabajo» o «estudiar alguna profesión, desempeñar algún oficio o poner su propio negocio».
Lo que está en juego, acota la prestigiada autora, no es poco: «la posibilidad de dotar a los jóvenes deherramientas que les permitan reincorporarse de manerasana y productiva a la sociedad, o bien la de arraigarlos enuna carrera delictiva».
Finalmente, aporta una serie de recomendaciones sobre «Legislación», «Recursos», «Personal especializado», «Modelos de atención» y «Salud», entre otros asuntos de primer orden para que el sistema pueda cumplir con su mandato legal.
