Personas privadas de libertad en prisión preventiva
Welsch, Gherman, Acceso a la Justicia II: «Personas privadas de libertad en prisión preventiva», Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, diciembre 2014
Aunque es uno de los países latinoamericanos vanguardistas en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, hoy Chile enfrenta la amenaza de políticas públicas punitivistas que lo harían retroceder en la excepcionalidad de la «prisión preventiva» como medida cautelar.
Es cierto que su situación está lejos de ser como la de otros países de la región: su porcentaje de personas privadas de libertad sin juicio es de 26.4%, mientras que el de Bolivia alcanza 84%, Paraguay 73% y México 43%. Tampoco es comparable, al menos por ahora, el tiempo promedio que una persona pasa en prisión antes de ser juzgada: en Chile son unos cuatro meses y en México, en contraste, casi un año.
Sin embargo, una visión fundamentada en el populismo penal pone en riesgo el esfuerzo de la sociedad chilena para implementar un sistema de justicia penal que respete derechos de víctimas e imputados de delito. Los riesgos específicos, sus posibles impactos y alternativas de cambio son analizados por Gherman Welsch en «Personas privadas de libertad en prisión preventiva», el segundo volumen de Acceso a la Justicia, serie del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile [diciembre 2014].
Ahí advierte que tal visión «aleja la política criminal del que debe ser uno de sus objetivos principales en democracia: la resocialización de la persona infractora de la ley», y por el contrario «se enmarca en una lógica binaria, donde solo existen dos caminos para quien ejerce jurisdicción: la libertad o la privación de la misma para la persona imputada».
Las consecuencias ya son palpables: entre 2010 y 2013, «9 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva fueron acogidas por los Juzgados de Garantía», y solo entre enero y noviembre de 2013 «las cifras muestran un alto porcentaje de aplicación de la prisión preventiva, especialmente en cuanto al tráfico ilícito de drogas (93,3%) y robo en lugar habitado (91,5%)».
Welsch dedica un capítulo a los adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes pasan privados de libertad sin juicio 81 días en promedio: si bien este es un tiempo relativamente bajo, resulta inaceptable considerando que «los estándares establecen que para el caso de los y las adolescentes, la medida cautelar privativa de libertad es excepcionalísima, debiendo preferirse las que restringen en menor medida la libertad».
El estudio incluye asimismo apartados dedicados a la prisión previa al juicio y los pueblos indígenas, con relatorías de casos particulares, y a los temas de «Medidas de reparación», «Acción constitucional de indemnización por error judicial» y «Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público».
