En México, las mujeres que llegan a un servicio de salud con un aborto en evolución son tratadas como sospechosas*

El alto precio que pagan las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de la falta de voluntad política del Estado mexicano para cumplir los compromisos que ha adquirido, así como de los estereotipos vinculados con la maternidad: las mujeres enfrentan una mayor afectación de considerar al aborto como un delito y no como un servicio de salud.

Cuando las mujeres llegan a los servicios de salud con abortos en evolución son tratadas como sospechosas, se les cuestiona en contextos de emergencias médicas, son maltratadas, denunciadas por el personal de salud sin haberles brindado la atención médica pertinente y, de inmediato, el ministerio público responde acudiendo a interrogarlas mientras se encuentran en las camillas del hospital. Aun cuando no siempre sean sometidas a un proceso penal que culmine en una sentencia, la criminalización del aborto repercute social y económicamente en la vida de las mujeres porque deben cubrir el pago de multas y/o fianzas, reparar el daño ocasionado a terceras personas o realizar trabajo a favor de la comunidad. En casos extremos, se les considera homicidas por haber tenido un parto fortuito en el patio o letrina de su casa y son condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.

Durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016 fueron denunciadas 4,246 personas por aborto. Los cinco estados de la República mexicana en los que se presentaron más denuncias son: Ciudad de México (894), Baja California (387 mujeres/79 hombres), Veracruz (416), Nuevo León (339) e Hidalgo (207). En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas. Los cinco estados en los que hubo más sentencias son: Estado de México (38), Veracruz (18 mujeres/20 hombres), Tamaulipas (14 mujeres/5 hombres), Sonora (11 mujeres/7 hombres) e Hidalgo (12 mujeres/3 hombres). En ese periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva (44 mujeres) y 53 en prisión definitiva (17 mujeres).

De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero 2015 y abril 2018 se realizaron 1, 666 averiguaciones previas (512 en 2015, 538 en 2016, 502 en 2017 y 114 hasta mayo 2018). Las entidades federativas que registran la mayor tasa de averiguaciones previas o investigaciones abiertas por el delito de aborto son: Baja California (5.4), Ciudad de México (4.2), Baja California Sur (3.3), Tamaulipas (3.1), Nuevo León (2.9) y Morelos (2.6).

GIRE ha identificado un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones, lo cual tiene como consecuencia que se impongan requisitos que obstaculizan e imposibilitan el acceso a servicios legales de aborto y se criminalice a las mujeres que presentan emergencias obstétricas. Estas violaciones a los derechos humanos, derivadas de la penalización del aborto, impiden que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad.

Publicado en criminalizacionporaborto.gire.org.mx