Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México
Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México.
Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011,
Carlos Gregorio de Gràcia y Gregorio González Nava [coordinadores], IJPP/Fondo Canadá para Iniciativas Locales, México, junio 2013
Investigación inédita sobre el desarrollo histórico y legal de la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México, enfocada en los avances normativos a partir de las reformas aprobadas en los últimos tres lustros y los obstáculos estructurales para su implementación —particularmente en el Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Morelos y Oaxaca.
Basada en reveladores testimonios e indicadores, documenta la brecha entre las nuevas normas y las prácticas judiciales de corte «tutelar», ancladas a políticas públicas excluyentes.
Una de las conclusiones de los coordinadores del Informe es que mientras persista entre los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes la cultura «tutelar», continuarán las anacrónicas prácticas violatorias del debido proceso y el Estado mexicano seguirá en deuda con esos jóvenes, sus familias y miles de víctimas de delitos atribuidos a este grupo demográfico.
Y si bien destacan avances en cuanto a la normatividad, advierten que uno de los grandes aspectos sin resolver es la profesionalización de los actores del propio sistema penal para la aplicación de dichas normas, así como un adecuado sistema de evaluación de desempeño.
Aparte, señalan que en general las instituciones judiciales conciben la reintegración social y familiar como un tratamiento aislado y solo excepcionalmente [en el DF y en Yucatán] se aplican medidas administradas por la sociedad civil, a través de organizaciones como Reintegra. De ahí que una recomendación central del Informe sea que iniciativas de ese tipo sean impulsadas, financiadas y replicadas.
Explican que algunos estados mantienen en sus normas términos incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño, como «menores» o «infractores», cuando constitucionalmente se trata de «adolescentes en conflicto con la ley».
Finalmente, advierten que crear programas basados únicamente en la «conducta antisocial» provoca que se estigmatice y excluya a los jóvenes, aparte de que es contrario a lo establecido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, e imposibilita la reintegración social y familiar.
