Ley de Seguridad Interior y derechos humanos. Excepcionalismo como cotidianidad
Por Ana Dulce Aguilar García y Héctor Sebastián Arcos Robledo
La documentada situación de violencia en México relacionada con la existencia y lucha en contra de la criminalidad organizada ha dado lugar a una serie de medidas extraordinarias desde hace varios años. La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 representó uno de los primeros cambios en este sentido al incorporar figuras como el arraigo constitucional, la prisión preventiva de oficio, entre otras disposiciones excepcionales para el tratamiento de personas imputadas por delitos relacionados con la delincuencia organizada. A esta política ya le precedía la intervención militarizada en la guerra contra las drogas.
El crimen organizado fue declarado el enemigo por excelencia dentro del territorio mexicano en 2006 y nombrado como una amenaza grave para la seguridad de la nación desde entonces. La lucha declarada en su contra dio lugar a una política pública en materia de seguridad continuada hasta el día de hoy. Esta política, calificada por diversos sectores como fallida2 , ha dado lugar a la Ley de Seguridad Interior (LSI, en adelante), como su más reciente producto.
