Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central
Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central, de Abraham Siles Vallejos, Fundación para el Debido Proceso Legal, Estados Unidos, septiembre 2011
Un sistema de justicia penal en crisis, «lejos de llevar al colapso y a la parálisis, puede servir para desencadenar un proceso de cambios en la administración de justicia», siempre que la sociedad civil organizada se involucre impulsando «alianzas cívicas» y «pactos de amplio espectro» con los operadores, aparte de dar seguimiento a la designación de jueces y magistrados.
Así lo propone el Manual para el fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central [marzo, 2012], de la Fundación para el Debido Proceso Legal [DPLF], a través de su Programa de Independencia Judicial.
Elaborado por Abraham Siles Vallejos, consultor senior de la DPLF, persigue, según la Introducción, «contribuir al mejor cumplimiento del rol de participación y seguimiento que compete a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil para robustecer a las judicaturas de América Central, en particular, en lo relativo a las características primordiales de independencia y transparencia».
En la primera parte, el Manual ofrece en un estilo ágil y accesible un amplio marco teórico que incluye desde «El rol del Poder Judicial en el Estado constitucional y democrático de Derecho», hasta el marco normativo y la «Ubicación institucional, estructura y funcionamiento del Poder Judicial».
La parte medular está dedicada a las acciones que la ciudadanía puede emprender para mejorar los niveles de independencia y transparencia judicial, incluidas «formas de lucha contra la corrupción judicial» y «para fortalecer el acceso a la información».
Una de las conclusiones más interesantes del Manual es que «si la ciudadanía se pone de espaldas o es indiferente a los cambios estructurales en la judicatura —o si al cabo de un tiempo deja de interesarse en tales cambios—, el impulso de las reformas decae y se estanca o, al menos, deviene errático e incierto», algo que en países en pleno proceso de reforma de sus sistemas de justicia penal, como México, debería tenerse presente.
