¡Protejamos a las víctimas! Manual de Nuevo Periodismo Judicial, con enfoque garantista
¡Protejamos a las víctimas! Manual de Nuevo Periodismo Judicial, con enfoque garantista, Marco Lara Klahr, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ciudad de México, México, 2017
Desde principios de la década de los noventa del siglo xx la sociedad mexicana ha experimentado transformaciones como nunca antes. Su transición democrática ha producido una expansión inédita de las capacidades de la acción ciudadana organizada, institucional y de cultura política. Sin embargo, también ha provocado, de forma contradictoria, el colapso de sus sistemas de seguridad y justicia, la dilución acelerada de redes comunitarias de protección y el protagonismo crecientemente monopólico de las industrias culturales de la información, así como el nuevo predominio de poderes fácticos –ya sea legitimados o ilegalizados.
Para los efectos de nuestro manual de periodismo, dos respuestas sociales a esta realidad compleja dignas de destacar son:
La alta especialización de organizaciones de la sociedad civil en la producción de conocimiento aplicado para comprender, medir, responsabilizar, actuar y transformar; así como su concurrencia en la conformación de redes, advocacy e incidencia en manufactura legislativa, políticas públicas y medios de comunicación, y en la formación de liderazgos. Todo ello en pro de diversas esferas y dimensiones de los derechos humanos.
La reforma estructural de la justicia y los derechos humanos que desde mediados de los años 2000 ha ido germinando, para florecer en una interesante variedad normativa que, si bien no se ha materializado lo necesario, aporta poderosas herramientas de activismo ciudadano y cambio dentro y fuera del ámbito institucional.
Como era predecible, poderes fácticos han obstaculizado y desafiado este proceso histórico. En parte, debido no sólo a fenómenos estructurales relacionados con el burocratismo y la verticalidad, la corrupción, el abuso de poder y la inoperancia institucionales, sino también a la privatización del espacio público, el relajamiento de la legalidad y la indolencia masiva.
La securitización de la vida social y el populismo punitivo, la arbitrariedad desde el poder público, las violaciones a derechos humanos y el repunte de la violencia criminal sobresalen entre las peores consecuencias de lo anterior al reproducir, reforzar, invisibilizar y legitimar o negar el estado de cosas, aferrándose, paradójicamente, a él.
En tal contexto, la reforma estructural de justicia y derechos humanos, en específico, ha resultado sistemáticamente obstaculizada. Esto, sobre todo, por su filosofía garantista que confronta la endogamia institucional y sitúa a las personas y nuestras comunidades en el centro de las políticas, las instituciones y los servicios públicos, incluidos los de la seguridad ciudadana y la justicia penal.
Por otra parte, en lo que corresponde a la comunicación en un sentido amplio, dichos poderes practican una presión creciente hacia el ejercicio del derecho humano a las libertades de expresión y prensa, así como contra el periodismo, a través de los más diversos mecanismos de control, los cuales abarcan desde la cooptación hasta la violencia letal.
