¿Qué es el lenguaje democrático?

La comunicación, una de las más básicas necesidades humanas, depende de que usemos el mismo lenguaje para establecer vínculos e intercambiar ideas. No basta con que hablemos el mismo idioma, tenemos que comprendernos.

El uso de un lenguaje técnico especializado que requiere un cierto tipo y grado de estudios para ser entendido con claridad crea una barrera entre quienes lo comprenden y quienes no. Jueces, abogados y fiscales se distancian del gran público y provocan en él incertidumbre, temor, confusión o falsas expectativas sobre su proceso, las instituciones y la justicia misma.

Los legisladores y profesionales del sistema de justicia utilizan muchas expresiones y fórmulas protocolarias plagadas de palabras arcaicas, latinajos y oraciones tan extensas que la idea que querían transmitir se pierde antes incluso de terminarla.

Durante siglos el complejo lenguaje legal ha sido una barrera importante para el acceso a la justicia. A lo largo de la historia de la humanidad se han registrado diversos intentos por simplificarlo, pero ninguno había tenido la difusión y el empuje que consiguió en Estados Unidos el «Plain Language Movement», a partir del cual abogados, dependencias gubernamentales y algunas entidades como los bancos empezaron a seguir criterios para explicar de la forma más sencilla posible los términos técnicos que utilizaban para que cualquier persona pudiera entenderlos.

Desde entonces muchos otros países han comenzado a establecer lineamientos dentro de la administración pública para utilizar un  lenguaje cercano a la gente, es decir, un lenguaje democrático.

Los principales críticos del lenguaje democrático, entre ellos abogados, jueces y fiscales, advierten que al usarlo se pierde precisión técnica, profesionalismo y hasta credibilidad, por lo que procuran mantener dicho lenguaje lejos de los juzgados, donde insisten en aplicar «la forma en que las cosas se han hecho siempre».

Lo que demuestra la evidencia empírica es que los usuarios del sistema de justicia prefieren un lenguaje democrático, porque pueden entenderlo sin ser expertos en derecho y encuentran más rápido la información que necesitan para tomar decisiones.

Para los operadores del sistema de justicia también resulta mucho más cómodo, porque las pretensiones de las partes son más precisas, los argumentos más claros, las actualizaciones más fáciles y se reducen costos en papel y en el entrenamiento del personal.

A pesar de esto, aún existe gran resistencia a adoptar el lenguaje democrático como práctica habitual en los procesos judiciales, y los textos legales siguen siendo verbosos, complejos, poco claros y de difícil comprensión.

El lenguaje formal utilizado en los procesos y documentos legales resulta tan técnico que no siempre es claro aún para personas con un nivel educativo superior al promedio nacional, que es de poco más de segundo de secundaria, de acuerdo con el INEGI.

Una mala comunicación genera información deficiente y con ello aumenta entre los usuarios del sistema de justicia la percepción de que hay impunidad, las instituciones públicas son corruptas y el Estado está rebasado por la delincuencia o favoreciendo la desigualdad. Las respuestas a esta problemática no las tienen la ley o el proceso, sino sus actores, y no basta con que los profesionales del derecho hagan las veces de intérpretes, sino que deben replantearse la manera en que comunican.

En el marco del Proyecto de Acceso a la Justicia en el Sistema Acusatorio con Perspectiva de Derechos Humanos, el Instituto de Justicia Procesal Penal analiza esta problemática y busca ayudar a los operadores del sistema a encontrar herramientas para hacer la justicia más accesible a las víctimas, las personas imputadas, los periodistas, los medios de comunicación y el público en general.