«Séptimo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: matar pulgas a balazos como política pública»*
Volga de Pina
Han pasado siete años desde que se publicó la reforma constitucional “más importante de México”. Siete años de avances significativos y de buenas prácticas, en algunos pocos casos, y de falsas expectativas, resistencias, improvisación y falta de voluntad, en muchos otros. Queda solo un año para que el sistema de justicia penal acusatorio opere en toda la República.
En este marco, se celebró en la Ciudad de México el 7º Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: “REFORMA PENAL A UN AÑO DE VIGENCIA, ¿QUÉ FALTA Y QUIÉN ESTÁ EN FALTA?, los días 20 y 21 de mayo, convocado por el órgano implementador a nivel nacional (SETEC), USAID México y la Red Nacional de Organizaciones Civiles de apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso.
Francamente se esperaba un foro crítico, autocrítico y propositivo. Un espacio de discusión, acuerdos y sobre todo compromisos; que dejara en la mesa una evaluación objetiva de avances y permitiera replantear estrategias frente a las fallas y faltas –que son muchas- y trazar rutas críticas para los que implementan y también para quienes monitorean el proceso. Se esperaban propuestas claras, ejecutables, medibles.
A estas alturas no hay ley nacional de ejecución de sanciones, no hay cobertura territorial del sistema acusatorio en localidades donde vive la población que enfrenta los mayores obstáculos en el acceso a la justicia, no se ha consolidado el mando único, no hay unidades de medidas cautelares en gran parte del territorio, un sector bastante amplio de la sociedad no está enterado de la reforma y otro tanto está confundido, además de un largo etcétera.
Faltan 390 días y el foro nos queda a deber. El programa fue repetitivo en temáticas y dinámicas que se han visto hasta el cansancio. La integración de las mesas parecía idónea para favorecer la transparencia y la autocrítica. Por un lado, se contó con una nutrida presencia de figuras públicas de alto nivel, de esas que muchas veces no están al tanto del tejido fino, de las entrañas de la reforma, del día a día del ser juez/a o primer interviniente, pero que tenían la oportunidad de aportar indicadores a nivel macro sobre los presupuestos, los planes de emergencia y los compromisos – no las promesas.
Por el otro, la presencia de especialistas y activistas que han estado empujando la reforma desde el inicio, que podían colocar las discusiones en su justa dimensión, en especial, poniendo sobre la mesa temas ocultos, paralelos y problemáticos, que son ya vox populi en el medio y que también deben atenderse en este año que queda.
Se antojaba un debate a la altura de las circunstancias y de los tiempos de falta de justicia. Quizá en la mesa “Una policía a la altura del Sistema Acusatorio” era la oportunidad para presentar la planeación estratégica y las etapas para el tránsito al mando único policial; o tal vez en la mesa “¿Cuánto cuesta y quién va a pagar la Reforma?” se debieron disipar mitos sobre la necesidad de costosísima infraestructura que francamente no es costeable, estando la situación económica nacional como está.
¿El balance? Con el ánimo de contribuir y llegar a junio de 2016 con una sonrisa en el rostro y no con ese sentimiento de eterna derrota que ya conocemos, se ponen en la mesa algunos puntos:
Lo bueno
- Se celebra –como siempre- la apertura de espacios de deliberación pública de estos asuntos. La reforma debe debatirse cuantas veces sea necesario. Hay que repetir hasta el cansancio que no va para atrás, que no queremos contrarreforma, ni de iure ni de facto, para que el mensaje llegue a todos aquellos oídos que aún están en etapa de negación.
- Se reconoce el enorme esfuerzo realizado por parte de la SETEC para presentar una numeralia digerida del estado que guarda la implementación, que aporta un mapa, cuando menos general –y también dramático- de avances y faltantes a un año de que venza la vacatio legis más temida del medio. Aclaró, cuando menos en un nivel descriptivo, una de las grandes preguntas del foro ¿quién está en falta? El equipo ganador: las instituciones educativas y académicos que demostraron que tienen la camiseta de la reforma bien puesta, más que muchos tomadores de decisiones.
Lo malo
- Los formatos de las mesas fueron inadecuados. Se abordaron varios temas básicos, desde visiones elementales y muchos otros que son más aptos para foros de operadores. No se le dio rienda suelta a especialistas y activistas para cuestionar a los políticos, para tejer fino, para mostrar brechas, evaluar, señalar riesgos, para hacer eso en lo que son expertos. En cambio, la discusión fue colonizada por la retórica proveniente del ámbito institucional.
- Se habla de nuevo sistema, de nuevo paradigma. Se piden “cambios de chip” y se hacen promesas. Han pasado siete años. Ojalá se estuviera hablando de algo medianamente consolidado, de voluntades claras, de rumbo, cuando menos por parte de muchos panelistas -los de la retórica-, pero en cambio, parecían estar hablando de un hilo negro recién descubierto y sujeto a improvisación y promesas. Algunos llegan tarde, sin duda; otros, parecieran haber estado dormidos durante el lento paso de siete años.
Lo feo
- El subsecretario de derechos humanos Roberto Campa afirmando que “no podemos permitir que por un tecnicismo legal dejemos a delincuentes libres”. Por suerte, tuiteros de renombre, como @nestor_d, tuvieron que salir a declarar lo que otras no pudimos resumir en 140 caracteres por exceso de bilis: “sus pinches tecnicismos legales se llaman derechos procesales o debido proceso y sin ellos un juicio no es confiable, punto”. Ni más ni menos.
- Un par de altos funcionarios más refiriéndose todo al tiempo a “los delincuentes”, cuando a su institución, cuyas siglas inician con P y acaban con GR, le urge cambiarse el chip por uno llamado presunción de inocencia, pues básicamente ni a tal instancia ni a sus agentes les compete juzgar, sino investigar, acusar y probar.
¿QUÉ FALTA? Pues falta lo que falta, dirían por ahí los tercos.
* Publicado originalmente en bordejuridico.com [mayo 25, 2015]